Lo que está en juego
El arzobispo Cipriani no solo busca intervenir en el rumbo académico de la PUCP: la última exigencia de sus abogados ha dejado al descubierto su interés en un conjunto de bienes y sólidas inversiones.
Esta nota revela los negocios e iniciativas empresariales que la universidad consolidó en base a donaciones, préstamos y concesiones,y que hoy también son el blanco de la ambición cardenalicia.
La ley puede ser el mejor cobijo de una pretensión personal y el maniqueo jurídico puede ocultar perfectamente las implicancias económicas de una querella. Lo demuestra el litigio entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima por la administración de los bienes heredados de José de la Riva Agüero: hay en medio un considerable conjunto de locales comerciales en disputa que, lejos de los tintes académicos y religiosos, tienen que ver con rentas a fin de mes, estudios marketing y planes de inversión.
Desde que en el 2007 el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, hizo público su deseo de participar en la conducción de la universidad, según su interpretación de los testamentos de Riva Agüero, se multiplicaron las voces que señalaron una eventual influencia de su pensamiento conservador en las aulas.
Otros advirtieron el carácter político de esta intención, teniendo en cuenta el protagonismo que ha tenido la Universidad Católica en temas como la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero hay un frente de batalla menos explorado: el económico, que cobra inusitada importancia cuando se trata de una universidad que recibe casi la mitad de sus ingresos de sus inversiones.
Un gran mall
Al vicerrector académico de la PUCP, Marcial Rubio, le sorprendió mucho recibir hace pocas semanas la notificación de una demanda presentada ante el Poder Judicial por el representante legal del arzobispado, Walter Muñoz Cho.
Este documento traía una revelación: dentro de los bienes que reclamaba administrar, incluía algunas propiedades nuevas que fueron construidas con donaciones, rentas de inmuebles y préstamos bancarios, y no forman parte de la herencia dejada por Riva Agüero.El primero de estos bienes es el Centro Comercial Plaza San Miguel.
Muchos visitamos sus tiendas posiblemente sin saber que el propietario absoluto de este lugar es la Universidad Católica. Rubio cuenta la historia: la hacienda Pando (zona del campus y sus alrededores) iba a ser expropiada en 1969 como parte de la Reforma Agraria impulsada por el general Velasco.
Frente a esto, la universidad, que ya la había heredado, urbanizó todo el terreno y reservó un área para el futuro campus universitario y otra para un local comercial.Este último proyecto se concretó en la década del setenta. Ya a principios de los ochenta, Plaza San Miguel empezó a posicionarse como un importante foco comercial y recreativo. A esto contribuyó la llegada de las dos primeras grandes tiendas: Wong y Saga Falabella.
El modelo de financiamiento fue efectivo: estas empresas costearon la construcción y se fueron cobrando paulatinamente de las rentas que debían pagar a la PUCP en plazos de 25 y 30 años.Exactamente igual llegaron Ripley, ACE Home Center y CinePlanet.
“En los primeros años de operación, la universidad no recibió casi nada de ingresos. Ahora ya prácticamente todo está pagado y poco a poco percibimos más rentas”, remarca el vicerrector. Y precisa que, en el último año y medio, han ejecutado la ampliación del centro comercial con un préstamo bancario de 90 millones de soles.
En este caso, la figura financiera es esencialmente la misma: las más de 60 tiendas pequeñas que operan en el segundo piso pagan la deuda con el banco. Incluso, ya se está acondicionando la tercera planta y la nueva infraestructura que termine por convertir a Plaza San Miguel en un gran mall.
Como se ve, todavía no ha llegado el ‘momento cero’ en que la Universidad Católica reciba la mayor parte de las ventas generadas. Sin embargo, de los más de 200 millones de dólares anuales que alcanza Plaza San Miguel actualmente, la PUCP recibe entre el 5% y 8% de ingresos netos, es decir entre 10 y 12 millones de dólares.
Un presente exitoso que trae un futuro prometedor.Bastiones educativosLa segunda gran inversión de la Católica es la escuela de negocios CENTRUM. Se construyó en un terreno de 10 mil metros cuadrados y empezó a operar en marzo del 2001. Financiada con un préstamo bancario de 9 millones 300 mil dólares “que estamos terminando de pagar”, apuntó desde el principio a ser líder en Administración de Empresas en el Perú.
Actualmente ofrece un doctorado en Business Administration y varias maestrías de tipo MBA en diversas modalidades: presencial, virtual, nacional e internacional, entre otras. Caracterizada por los altos precios de sus carreras (oscilan entre 60 mil y 97 mil soles), acoge a cerca de 2 mil alumnos, la mayoría de los cuales sigue un MBA gerencial.
Según la revista América Economía, se trata de la primera escuela de negocios de Latinoamérica.Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector administrativo de la PUCP, precisa que CENTRUM genera 15 millones de soles anuales.
La mayor parte de esta suma se utiliza para pagar el préstamo bancario.El otro proyecto educativo es Idiomas Católica. El primer local fue construido en San Isidro en 1990 y el último fue inaugurado este año al frente del campus universitario de San Miguel. Una vez más, se recurrió a préstamos bancarios.
Actualmente, hay cuatro sedes en las que se enseña inglés y español, y que dan a la PUCP un millón y medio de soles anuales como ingresos netos.Otra inversión de menor envergadura es INNOVAPUCP, una organización que opera como una verdadera empresa: agrupa a más de 3 mil profesionales que prestan sus servicios de consultoría a instituciones públicas y privadas. La infraestructura de la universidad también es utilizada para estos fines.
Así, por ejemplo, realizan estudios de ingeniería mecánica y de calidad de los suelos. Según Gonzales de Olarte, los precios de estos contratos y licitaciones públicas van desde los 780 mil a los 3 millones de dólares. Pero aclara que, debido a los altos costos, la universidad recibe la menor parte de estos montos.
La construcción del Centro Cultural de la PUCP, inaugurado en 1994, costó aproximadamente 8 millones de dólares. El mantenimiento actual de sus instalaciones y servicios demanda cada año un presupuesto de un millón y medio de dólares.
En tiempos en que la oferta cultural y artística configura una gran plataforma económica, este centro, que ofrece exposiciones, talleres de arte, montajes entre otras actividades, es uno de los más dinámicos en el Perú.
A base de esfuerzo“Las pensiones de los alumnos solo pagan los sueldos, pues financian el 60% de nuestros gastos. El resto lo conseguimos a través de las inversiones que hacemos”, explica el vicerrector Gonzales de Olarte.
Y en lista algunas de las razones para ser un emporio educativo afanado en las inversiones: “Tenemos que financiar becas, proyectos de investigación y actividades de cooperación con universidades de provincias; y debemos pagar cerca de 300 mil dólares anuales para renovar nuestra suscripción a una biblioteca virtual especializada con tres mil revistas”.
Viene la pregunta inevitable: ¿es legítimo que el Arzobispado de Lima, a través de Walter Muñoz Cho, pretenda administrar junto a la universidad bienes como Plaza San Miguel, Centrum e Idiomas Católica, aduciendo su derecho a participar de la herencia de Riva Agüero?
Para el vicerrector Marcial Rubio la respuesta es: “No” y se basa en el artículo 657 del Código Civil de 1936, vigente cuando murió el benefactor.“Allí se dice que ‘desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad y posesión de los bienes y derechos que constituyen la herencia’.
Es inadmisible que el señor Muñoz Cho quiera administrar los bienes nuevos: la herencia la constituyen los bienes que existían a la muerte del testador, en otras palabras ‘lo que antes de morir miró el difunto ’. Pando era una chacra y hoy tiene ladrillos”.
La postura de CiprianiEl abogado defensor del Arzobispado, Natale Amprimo, señala que el tema de fondo es el cumplimiento de la voluntad de José de la Riva Agüero. Y recuerda que la pugna se debe fundamentalmente a que hay dos interpretaciones legales de su voluntad: una que sostiene que la PUCP es la heredera completa de los bienes de Riva Agüero, basada en el testamento de 1933; y otra que aduce que los bienes puestos en herencia, entre ellos la hacienda Pando, deben ser administrados por una junta indisoluble y perpetua, basada en el testamento de 1938.
Amprimo cita el Código Civil de 1936 para concluir que la segunda lectura es la correcta, pues contiene la última disposición del testador. Sobre si es legítimo controlar los bienes nuevos de la Universidad Católica, tal como ahora exige el arzobispo Cipriani, se limita a afirmar: “el Poder Judicial resolverá si estas propiedades emanaron de la herencia de Riva Agüero”.
En el plano judicial, el conflicto está enfrascado en una suerte de esgrima judicial: el recurso de amparo presentado por la PUCP todavía no se ha resuelto, por lo que la petición de información financiera que le hizo el Arzobispado hace poco ha quedado en suspenso.
Los abogados de ambas partes han comentado que este proceso durará varios años y que, incluso, podría llegar a instancias internacionales. No es para menos: no solo se busca intervenir en el control de una institución académica con notoria influencia política y cultural en el país, las exitosas inversiones económicas de la PUCP han desatado ambiciones nada espirituales.
El nuevo campus de la PUCP en Surco
Además tienen un terreno de cerca de 20 mil metros cuadrados (dos manzanas), ubicado en la Urbanización Los Álamos, de Surco, se construiría el segundo campus, que recibiría en principio tres mil estudiantes. “Queremos llevar tres facultades: Gestión, Psicología e Ingeniería Industrial, y una sucursal de Derecho”, adelanta el vicerrector Efraín Gonzales de Olarte.
La Otra historia de billete:
La guerra por el Country Club
Alfredo Bryce Echenique podría escribir una segunda parte de su novela “Un mundo para Julius” con la fatigosa e intrigante historia que protagonizan los dueños, los actuales administradores y los aspirantes a controlar el histórico hotel Country Club de San Isidro.
Construido en 1927 en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la capital, remodelado en su totalidad en 1998, el hotel Country Club, de cinco estrellas y de 78 cómodas y lujosas habitaciones, es de propiedad de la Asociación Real Club de Lima.
Después de la fracasada gestión de la operadora coreana Choy Ko Oro, el 28 de febrero de 1997 el Real Club arrendó el hotel por diez años a la operadora Los Portales, del grupo empresarial que dirige Juan Francisco Raffo.
En ese momento, el presidente del Real Club era Andrés Crisanto Zapata. Parecía un negocio redondo.De acuerdo con el contrato de arrendamiento, Los Portales tenía que pagar al Real Club US$ 31 mil mensuales o el 9% de los ingresos del hotel.
Además, una cláusula establecía que por mutuo acuerdo de las partes el alquiler podía prolongarse por seis años más. Por su lado, Los Portales se comprometía a invertir en la rehabilitación del hotel hasta alcanzar la primera categoría.
En el 2004, tres años antes de que termine el contrato, Los Portales exigió al Real Club no sólo la prórroga del alquiler por seis años más, hasta el 2013, sino también el contrato hasta el año 2030.
La junta directiva presidida por Andrés Crisanto desestimó ambos requerimientos alegando que Los Portales había incumplido el contrato. La negativa del Real Club encendió la chispa en la pradera.
“En un principio se estuvo de acuerdo con ampliar el alquiler hasta el año 2030, pero cuando se iniciaron las negociaciones comenzaron a surgir evidencias de que Los Portales había incumplido el contrato en perjuicio de los dueños del hotel.
Por lo tanto, no procedía el pedido de ampliación”, explicó el abogado del Real Club, Mario Chávez Mejía.Uno de los cuestionamientos del Real Club a la gestión de Los Portales es que el operador le abona entre US$ 60 mil y 70 mil mensuales en aplicación del 9% de los ingresos, pero los propietarios del hotel sospechan que Los Portales factura mucho más pero que declara menos para pagarle una renta mensual muy baja.
Al negarse el Real Club a la ampliación del contrato de alquiler del hotel, Los Portales puso como condición para abandonar la administración que se le devolvieran US$ 5 millones 682 mil que había gastado en la rehabilitación del Country Club. Los del Real Club saltaron hasta el techo porque cuando Los Portales asume la administración del hotel su valor era de solo US$ 4 millones.
Los directivos del Real Club aclararon a Los Portales que estaba obligado a invertir todo lo necesario para que el Country Club recuperara la primera categoría y que en el contrato se precisó que la cifra no debería ser menor a los US$ 3 millones.
Y que, en consecuencia, la inversión de US$ 5 millones 682 mil que había efectuado era parte del acuerdo.Todo esto se registró durante la gestión de Andrés Crisanto, pero la situación cambió cuando este fue reemplazado, en setiembre del 2006, por el nuevo presidente Raúl de los Ríos Sánchez.
En busca de una solución, Ríos aceptó suscribir con Los Portales una adenda al contrato original que le permitía continuar controlando el Country Club hasta el año 2030. Es decir, todo lo contrario a lo que había dispuesto la gestión de Crisanto.
El acuerdo se firmó en febrero del 2007, y no solo reconocía que Los Portales continuara gestionando el hotel hasta 2030 sino que Real Club también le reconocía como deuda los US$ 5 millones 683 mil que había destinado para rehabilitar el Country Club.
Con lo que no contaba Los Portales era que Andrés Crisanto sería reelegido como presidente del Real Club en abril del 2007. Tira y aflojaCrisanto recibió la autorización de la asamblea para iniciar acciones con el objetivo de que se declarase la ineficacia de la adenda que había suscrito la anterior junta directiva de De Los Ríos con Los Portales.
El Real Club contrató los servicios del Estudio Avendaño para que investigara el caso. Encontró que en aplicación del Código Civil, un contrato de arrendamiento no debe sobrepasar los 10 años, plazo que en el caso de Los Portales se cumplió en el 2007.
“Por lo tanto, son ilegales las prórrogas pactadas hasta el 2013, como aparece en el primer contrato, y hasta el 2030, según se indica en la adenda”, dijo Enrique Palacios Pareja, del estudio Avendaño: “Por eso, en octubre del 2008 se comunicó a Los Portales que el contrato de alquiler del Country Club había expirado por haberse cumplido el plazo máximo de vigencia señalado por ley”.
Creyendo que Los Portales dejaría la administración del Country Club, el Real Club buscó a un nuevo operador. Luego de estudiar propuestas de empresas como Libertadores, Oriente Express y Estelaris, en noviembre del 2008 el Real Club aceptó la oferta de la cadena Casa Andina que planteó un arrendamiento por 20 años con una mensualidad de US$ 120 mil.
De modo que Real Club y Casa Andina suscribieron un contrato en dicho sentido. La alegría no duró mucho.Enterados de la existencia del acuerdo comercial entre el Real Club y Casa Andina, Los Portales formuló un pedido de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), tal como lo estipula el contrato de 1997.
Los Portales acusó al Real Club el incumplimiento del contrato que señalaba que su permanencia en el Country Club podía extenderse. Precisamente por esta razón, Los Portales resolvió guardar silencio.
Su representante legal, Alfredo Bullard González, dijo a DOMINGO que su patrocinada no declararía debido a un acuerdo con el tribunal de la CCL, que solicitó expresamente a las partes no abordar el tema ante los medios de comunicación para sacar ventaja frente al otro. “El tribunal ha conversado con ambas partes y ha pedido que se sujeten a las reglas y esto implica no conversar con la prensa.
Los Portales va a acatar el pedido”, dijo Bullard.En todo caso, mientras la junta directiva presidida por Andrés Crisanto estaba empeñada en dejar sin efecto la adenda del contrato con Los Portales que suscribió su predecesor De Los Ríos, un socio del Real Club, Eduardo Macher Mayurí, presentó una denuncia contra Crisanto ante el Tribunal de Honor del club. Macher argumentaba que Crisanto mintió al Real Club cuando ingresó al club en 1983 –¡hacía 25 años!– y declaró en esa oportunidad que su estado civil era casado cuando en realidad solo era conviviente.
Era notorio que se trataba de una maniobra para sacar del cargo a Crisanto. Y los conspiradores consiguieron su cometido.Así no se valeEl Tribunal de Honor del Club Real, presidido por Jaime García Mejía, pidió a Crisanto presentar su partida de matrimonio. En el documento constaba que, efectivamente, se había casado recién en el año 2002.
Con esta evidencia, el tribunal inhabilitó como socio por un año a Crisanto y le prohibió postular a la presidencia durante seis años. En consecuencia, el hombre que pretendía sacar del juego a Los Portales había sido neutralizado por completo.
Como respuesta, la asamblea de socios del Real Club censuró la resolución del tribunal contra Crisanto por considerarla un abuso. La asamblea destituyó a los miembros del tribunal y dejó sin efecto la medida. Sin embargo, otro grupo de socios, entre los que figuraba el destituido presidente del tribunal, Jaime García, interpuso ante el 49º Juzgado Civil de Lima una demanda de impugnación del acuerdo de asamblea.
En diciembre del 2008, el juzgado declaró fundada la demanda señalando que se había vulnerado uno de los requisitos para la convocatoria a la asamblea y por lo tanto los acuerdos tomados eran nulos.
Entonces, el Real Club apeló, pero el grupo de socios opuestos a Crisanto interpusieron una medida cautelar ante el juzgado pidiendo que se disponga la vigencia de la sanción impuesta por el tribunal contra el presidente de la junta directiva.
El 9 de febrero de este año, el juzgado falló a favor de los socios, por lo que Andrés Crisanto fue suspendido de sus funciones y tiene prohibido el ingreso al Real Club.Socios del Real Club, que pidieron el anonimato, señalaron a DOMINGO que la salida de Andrés Crisanto es parte de una confabulación para que Los Portales continúe administrando el Country Club.
“En el Real Club hay socios que están haciendo campaña a favor de Los Portales y son los mismos que han iniciado acciones judiciales contra Crisanto”, dijeron: “Hay un sector que está defendiendo a Los Portales en contra de los intereses del Real Club y no es gratuitamente“.
Pero hay más víctimas Casi paralelamente a las acciones contra la junta directiva del Real Club presidida por Andrés Crisanto, en noviembre del 2008 Los Portales denunció a la directiva del club ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por el supuesto delito de estafa, denuncia que fue derivada a la 48 Fiscalía Penal de Lima.
El 3 de febrero de este año, el Ministerio Público archivó el caso argumentando que, además de que las imputaciones carecían de sustento, el caso presentado era meramente civil y debía resolverse en el terreno arbitral.Puntada finalEl día del archivamiento, Los Portales presentó una segunda denuncia ante la Dirincri, pero esta vez involucró a Casa Andina, seleccionada para administrar el Country Club.
La empresa de Raffo le imputó los delitos de supuesta estafa y fraude en la administración de personas jurídicas. Los Portales acusaba a Casa Andina de sabotaje comercial. El caso está en giro en la 42 Fiscalía Provincial Penal de Lima.“La acusación no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el gerente general de Casa Andina, Juan Stoessel: “Nosotros ganamos un concurso de selección. No tengo pruebas, pero está claro que un grupo de socios que apoya a Los Portales promovió la salida de Andrés Crisanto, una persona correcta y con principios que al observar la inconducta de Los Portales luchó para que su club no se perjudique más. Lo han sacado de la manera más absurda”.
Ahora el retorno o salida definitiva de Crisanto depende de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, quien resolverá la apelación. “Los Portales se ha mostrado muy agresivo y asegura que nosotros nos hemos metido a romper una relación entre ellos y eso es absolutamente falso porque la relación entre Los Portales y el Real Club se origina desde hace mucho tiempo atrás debido a un incumplimiento de contrato”, explicó Juan Stoessel: “Los Portales está tratando de defender lo indefendible, por eso nos ha denunciado.
Además, ha presentado ante Indecopi una queja por competencia desleal y eso no tiene sentido. Estas denuncias son acciones que solo hacen empresas de dudosa reputación”.“Estamos a la espera de que el Real Club y Los Portales resuelvan sus problemas.
El día que Los Portales entregue el hotel a sus propietarios, ese día nuestro contrato se activa y empezamos a operar”, dijo Stoessel.El fin de las hostilidades por el control del Country Club todavía está lejos. Ojalá que el hotel continué en pie cuando haya concluido la última batalla.
Ahora, como se habrán dado cuenta, también se cumple al pie de la letra esa famosa frase popular: "Hasta en las mejores familias se cuecen habas..."
Sus comentarios, lo pueden hacer al correo cesarmaritiniraul@yahoo.es
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario