A pocas horas de conocerse el informe final de la Comisiòn Investigadora de las supuestas irregularidades en los cinco contratos petroleros de la empresa noruega Discover Petroleum, conocida como el caso "Petrogate o Petroaudios", se va filtrando datos que dichas conclusiones dirigirían hacía el rídiculo público a la comisión legisladora.
La opinión pública necesita, con urgencia, saber que delitos han cometido los principales implicados y los altos funcionarios públicos que se vieron envueltos en tamaño escándalo provocado por la difusión de unos audios, donde conversan hoy dos oscuros personajes, que han estremecido los cimientos de la conciencia ciudadana.
Daniel Abugattás, de las filas del humalismo y presidente de la comisión; Edgar Reymundo, del Bloque Popular; Carlos Raffo Arce, fujimorista; Rafael Yamashiro, de Unidad Nacional; y Miguel Guevara Trelles del APRA tienen la responsabilidad de dar a conocer ese informe que conduzca a sanciones severas y ejemplares con los que trataron de enriquecerse con el erario nacional.
Hubo o no hubo tráfico de influencias? Detectaron enriquecimiento indebido e ilícito de los ex Ministros de Estado? Con qué obras beneficiaron al tristemente célebre Fortunato Canaán? Cuántas licitaciones ganaron? Cuántas obras estuvieron sobreevaluadas? Qué delitos penales cometieron? Cuáles son las sanciones? Cuál es grado de responsabilidad de cada uno de los ex Ministros? Qué beneficios obtuvo Rómulo León Alegría? Es cierto que han descubierto y destruido una organización delictiva para depredar el erario nacional?
La seriedad y la contudencia del informe debe servir como una enorme lección para aquellos que pretenden medrar el Estado, enriquecerse a través de los organismos públicos o bajo los auspicios del poder. Eso tiene que ser duramente sancionado, sin contemplaciones ni miramiento alguno.
Sinembargo, dos informaciones aparecidas hoy tanto en el diario "La República", que goza de especial trato informativo con alguno miembro o asesor de la Comisión Abugattás, y "El Comercio", respectivamente, que consignan informaciones que realmente nos hace pensar que esos datos nos indicarían que la citada comisión se dirige, sin prisa y sin pausa, hacía el rídiculo público.
En la República, según sus fuentes dignas de crédito, los ex ministros habrían vulnerado el artículo 126 de la Constitución, al tener participación directa en actos que beneficiaron al empresario dominicano Fortunato Canaán o a algunas de las empresas que este representa.
Estarían incursos en tal situación el ex premier Del Castillo y los ex titulares de Salud, Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos Sologuren. Estos 3 ex ministros - según el diario del jirón Camaná- cometieron infracción a la Constitución al hber gestionado intereses privados, siendo funcionarios públicos.
A su vez, el diario "El Comercio", en su nueva columna de datos políticos "Cabossueltos", dice "el informe final de la comisión que investiga los denominados "petroaudios", señala textualmente que en cuanto a los ex ministros Del Castillo y Vallejos, el informe no encuentra delito alguno. Sinembargo, en su afán de encontrar algún tipo de responsabilidad se recomienda acusarlos por "infracción constitucional", que consiste en pretender imponerles una sanción política sustentado la misma en una supuesta "gestión de intereses" de terceros, al haber sostenido una reunión en el Hotel Country Club con Fortunato Canaán.
De ser así - sigue la nota - entonces, también podría acusarse al presidente García o a cualquier personan por el solo hecho de reunirse con un inversionista ¿Les faltó argumentos?.
Como vemos estos legisladores tienen, aunque ellos no lo crean, de dar una informe serio y ajustado a ley. Es decir, ya llegó a su fin el figuretismo de algunos de ellos que declaraban a cuánto medio se aparecía. Hoy han comprendido que esas exhibiciones mediáticos solo los ha prejudicado.
Es por eso, que esperamos que la comisión Abugattás no se dirijía hacía el rídiculo público. Hay que acusar con pruebas irrefutables y con sólidos argumentos eso quiere la opinión pública.
Por siaca, a el documento elaborado por los asesores de la comisión señala que Alberto Quimper sería responsable del delito de corrupción de funcionarios pues, en su condición de director de Perúpetro; asimismo, como responsable del delito contra la administración pública y patrocinio ilegal de intereses particulares. Es decir, así tienen que acusar.
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