A dos años y medio de los comicios generales del 2011 las pasiones se van encendiendo y, por ende, comienza un proceso de calientamiento electoral en el Perú.Es oportuno o simplemente es el ritual periodístico y político con los intereses hartos conocidos. En la última edición de Caretas se ha hecho un análisis que merece que lo evaluemos y también podamos expresar nuestra opinión tan necesaria para no perder de vista el presente de la política peruana.Curvas Contradictorias (Informe de la Revista Caretas, 23,12,08)
Chávez y el papel disociador en el vecindario.Si de las encuestas se trata, el presidente Alan García es el mandatario de menor aprobación en toda Sudamérica.
Alvaro Uribe de Colombia vuela en 78%, Lula de Brasil en más de 60%, Hugo Chávez en 60%, Rafael Correa de Ecuador en 78%, la propia Michelle Bachelet de Chile anda por 40%.
En cambio, AGP termina el año arañando el 25% a nivel nacional, según la última encuesta de Ypso- Apoyo, lo que representa una importante mejoría con relación a noviembre pero marca casi 10 puntos menos que hace un año.
Hasta a Cristina K de Argentina le va mejor en las encuestas.
Los índices de popularidad tienden a desplomarse cuando la economía empeora, y no es precisamente el caso peruano. El 2009 el PBI crecerá 9.5%, el más alto del continente, las exportaciones se han duplicado en dos años y se han creado más de un millón de empleos. Los indicadores de consumo en Lima y provincias son elocuentes indicadores de “chorreo”.
El repique inflacionario en el primer semestre erosionó el nivel de aprobación del gobierno y el escándalo de los petroaudios marcó un nuevo bajón en la segunda mitad del año.
Cierto, la inflación en Chile, Brasil, Colombia y Argentina fue mayor, pero ninguno de sus mandatarios fue tan castigado como AGP. La crisis financiera también ha remecido el tipo de cambio en los países vecinos, cuyas monedas se han desplomado 30%, mientras que el sol en sólo 3%.
El índice de aprobación de gestión mejora en Lima, en aproximadamente 10 puntos porcentuales.
Pero los techos del actual mandatario eran los pisos capitalinos de otras épocas. Alberto Fujimori gobernó entre 1995-2000 con más de 30% de aprobación en Lima; Fernando Belaunde en 1980-85 sólo vio declinar su popularidad por debajo de 30% el año del Fenómeno de El Niño.
¿Es posible remontar el marcador? En 1997, Fujimori escaló de 37% a 60%, estacionándose en una meseta de 50% hasta mediados de 1999 en Lima, según CPI. Hasta Toledo remontó de 16% a 30% el segundo semestre del 2002, a medida que la economía se estabilizaba, y el Cholo finalmente puso cierto orden en casa, antes de reanudar una agónica caída casi de un dígito por el resto de su mandato.
Entonces, ¿por qué AGP anda lustrando los zócalos?
EN SETIEMBRE DEL AÑO PASADO la popularidad presidencial ingresó a una nueva fase, en la que cayó vertiginosamente de 44% a 30%. En ese momento ya era sentido con fuerza el efecto de la inflación importada que encareció componentes básicos de la canasta familiar como el pollo, pan, huevos y cebolla. Desde entonces ese ha sido el límite, solo superado este año con los buenos resultados de la cumbre ALC-UE. La de APEC volvió a levantarlo y ambos conclaves han sido los únicos trampolines de los que dispuso García. Según enteradas voces cercanas a Palacio de Gobierno, el último empujón lo anima en el intento de estabilizar su popularidad nacional en alrededor de 35%, un porcentaje al que ya está cerca en Lima.
En el Ejecutivo se esperaba que el año que termina fuera de constantes inauguraciones de obras públicas, lo que iba a ser un aliciente en las encuestas. Pero el escenario internacional y la llegada del ministro de Economía Luis Valdivieso pusieron un freno de mano que solo fue soltado recientemente, con la inyección anunciada en el plan anticrisis. Fuentes gubernamentales también lamentan la cautela de los bancos para aportar el componente financiero en varias concesiones importantes. El siempre mentado lastre burocrático completa lo que sigue siendo una asignatura pendiente para el Ejecutivo.
EL CASO DE LOS “PETROAUDIOS” fue el catalizador que la oposición del Congreso necesitaba para forzar la renuncia del gabinete dirigido por Jorge del Castillo, que se quedó a dos meses de batir la marca de permanencia establecida por Manuel Ulloa en el segundo mandato de Fernando Belaunde. Por cierto, el popular cara e’ flecha había sido, a su turno, acosado por la oposición aprista.
Durante la primera mitad de este gobierno, Del Castillo desarrolló un estilo que privilegió el diálogo para aplacar las protestas sociales multiplicadas a lo largo del país. También fue un efectivo vocero del Ejecutivo y en la práctica, al encargarse del día a día de la confrontación política, cubrió constantemente las espaldas del Presidente. Esto le ganó encontrones con otras tiendas políticas, particularmente con el fujimorismo y el nacionalismo. Su perfil también lo convirtió en el objetivo interno de una parte de la cúpula del partido oficialista, que mostró sus diferencias como pocas veces antes.
El gabinete, que sufrió algunos ajustes en el camino, venía trabajando como una unidad aceitada. En ese contexto, los “petroaudios” se convirtieron en uno de los episodios políticos de más impacto en lo que va de un gobierno hipersensible a la menor señal de corrupción. El escandaloso caso originado en un extenso espionaje industrial ha ido decantándose para volver a su origen: un cuestionable episodio donde un miembro del directorio de Perupetro, el abogado Alberto Quimper, trabajaba también para una petrolera noruega que ganó cinco lotes de exploración petrolera. Las historias circundantes, que incluían a un inversionista dominicano con intenciones de incursionar en múltiples frentes y sus encuentros con varios ministros, terminaron infladas en globos de gas que nunca aterrizaron. Mientras tanto, la comisión investigadora del Congreso volvió a demostrar que esos menesteres es mejor dejárselos al Poder Judicial.
LA SALIDA DE DEL CASTILLO pareció asentar la temprana baraja de los “presidenciables” con los nombres previsibles: Ollanta Humala, Lourdes Flores, Luis Castañeda, Keiko Fujimori y, más atrás, Alejandro Toledo. Todos estos personajes se reparten las preferencias sin que una de las cabezas despunte. En el escenario regional, a pesar del reciente salto dado por el actual premier Yehude Simon, todavía no cuajan alternativas de proyección nacional.
Un factor de peso será el papel del oficialismo. El APRA suele ser subestimada en las encuestas preelectorales y nadie es más consciente de ello que el propio García.
En el libro “El Gran Elector”, el recientemente fallecido periodista y académico Álvaro Rojas exploró las opciones del actual presidente, que ha hecho cada vez más públicas sus intenciones de ser candidato en las elecciones del 2016. En la última campaña dijo a CARETAS 1908 que estaba por cumplir su “ciclo natural” de treinta años como líder partidario, pero es obvio que esa idea fue superada.
¿Qué efecto tendrá esto en el escenario del 2011? Pensar en otro aprista que le vuelve a entregar la posta a García es una posibilidad cada vez más distante. Y la falta de un candidato obvio en Alfonso Ugarte la hace todavía más remota.
Colaboradores cercanos de AGP no desechan la idea de algún tipo de endose a otro candidato, lo que de paso plantea dudas sobre el destino de la lista parlamentaria. Como fuera, el alcalde Castañeda es el nombre más repetido. El burgomaestre de Lima goza de un teflón político inusitado y mantiene su aceptación alrededor del 80%. Es una cifra sideral a pesar de los retrasos en las obras ediles y las aparentes irregularidades de proyectos emblemáticos como el nuevo sistema de buses El Metropolitano.
Si el futuro escenario político sigue lejos de ser definido, durante el año que termina dos frentes vecinales dejaron sentir su influencia sobre el doméstico.
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ante el tribunal internacional de La Haya por los límites marítimos con Chile marcó definitivamente la relación con el vecino país. AGP había hecho explícita su intención por mejorarla y su primera visita como presidente electo la realizó a Santiago. Pero los eventos posteriores, y particularmente la promulgación de la ley chilena que creaba la nueva región Arica-Parinacota, llevó la situación a un punto insostenible. El gobierno había archivado la demanda de límites en el congelador aunque el sector nacionalista –en curiosa coincidencia con los partidarios del ex presidente Alejandro Toledo– venía presionando por oficializarla. La mencionada ley terminó por inclinar la balanza.
Desde entonces, la tirantez volvió a caracterizar las relaciones bilaterales y las reacciones desmesuradas en torno a las infelices declaraciones del general Edwin Donayre son el ejemplo más reciente. A pesar de que en el fondo la actividad binacional se encuentra prácticamente normalizada, todo indica que los dientes seguirán dejándose ver.
LA OPERACIÓN MILITAR del 1 de marzo, en la que murió el líder de las FARC “Raúl Reyes” y varios de sus colaboradores, hizo que las laptops del guerrillero, abiertas como cajas de Pandora, complicaran más el clima vecinal. Y no solo por el hondo distanciamiento entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, pues el operativo se produjo en territorio de este último cerca de la frontera, y por la nueva escalada de insultos proferidos contra Álvaro Uribe de parte de Hugo Chávez.
La bomba explotó en la forma de correos electrónicos y documentos que daban cuenta de la estrecha relación entre el régimen venezolano con la guerrilla colombiana.
El rebote peruano se produjo vía el arresto de un grupo de integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana que una semana antes asistieron al congreso de la organización en Quito, donde se había emitido un mensaje por vídeo de Reyes. Roque Gonzales, el asistente más prominente, es un ex emerretista que recién salió liberado esta semana. Cabe señalar que el domingo 21 en el programa de César Hildebrandt, Gonzales, que había sido vinculado por el gobierno con el secuestro del empresario boliviano Samuel Doria, justificó los atroces plagios como una “triste necesidad de la política armada” durante la década de los 80.
Es una muestra del delgado límite que Chávez y sus simpatizantes cruzan constantemente, lo que sigue siendo un peso muerto para la propuesta de Ollanta Humala. El actual desplome del precio del petróleo podría condenar al venezolano a guardar la línea.
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